Zapatero aplaza la supresión de secretarías de Estado hasta julio

El acuerdo impuesto este viernes comprende la actuación sobre las 106 empresas que operan con una participación pública mayoritaria. De ellas, 29 desaparecerán como consecuencia de su extinción o de fusiones. Buena parte de ellas, como Astilleros Españoles, proceden de la reconversión industrial y estaban inactivas. Esta medida de racionalización supondrá la supresión antes de fin de año de 80 cargos directivos y de 450 puestos de consejeros. En el ámbito del grupo de Patrimonio, esta actuación se concentra en las sociedades de aguas, infraestructuras agrarias y en las de cultura. Dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la concentración afectará a dos filiales de Tragsa y a las firmas Infoinvest, Sepides e Ingruinsa. En los siguientes meses, se promoverán los acuerdos societarios que permitirán al extinción de 14 sociedades mercantiles propiedad del Estado. Cuando finalice el proceso.

Las dificultades que ha encontrado el Gobierno para encajar la reducción de altos cargos en la Administración central programada por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha impedido que el ajuste en este ámbito haya sido más rápido.


Este aplazamiento tiene diversas ventajas. La principal, que deja la puerta abierta a José Luis Rodríguez Zapatero para afrontar la remodelación ministerial pendiente el próximo verano, sin tensar de forma innecesaria la relación existente entre los ministros y la vicepresidenta primera y también entre los primeros y sus segundos escalones.

Este viernes, el Consejo de Ministros decidió no ir más allá de la supresión de 33 altos cargos de segundo nivel: una secretaría general, 18 direcciones generales y 14 organismos autónomos al frente de los cuales se situará a subdirectores generales.

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